Nuevas medidas incomodan a los habitantes de las fronteras
Autor/Fuente:
Publicado: lunes noviembre 21, 2016
Las diferencias políticas entre el Gobierno de Mauricio Macri y el de Evo Morales en Bolivia empieza a pasar factura a los habitantes de la frontera, que en los últimos meses han visto como se tomaban decisiones que les acabarán afectando en su modo de vida.
El 31 de diciembre se cumple el plazo para adquirir la tarjeta vecinal fronteriza (TVF), que según explica la directora regional de Migración, Lourdes Aldana, es una tarjeta biométrica que facilitará el tránsito vecinal para las familias que hacen vida a ambos lados de la familia por cuestiones médicas, educativas o laborales, sin embargo, aquellos que no la obtenga, se verán perjudicados. La tarjeta la pueden solicitar todos aquellos que viven a 50 kilómetros de la frontera y de forma excepcional, todos los habitantes de la provincia Gran Chaco.
Entre las medidas que han despertado susceptibilidades está la intención del Gobierno de Bolivia de cobrar una tasa a los turistas mediante la sobrecarga de los pasajes, algo que no permite discriminar entre turistas o viajeros por otras consideraciones.
Del otro lado, el Gobierno de la Provincia de Salta de Juan Manuel Urtubey ha decidido empezar a cobrar las facturas de salud por la atención que se brinda a los ciudadanos en los centros de salud fronterizos. Una medida que las autoridades salteñas justifican en la reciprocidad, pues los ciudadanos argentinos pagan en Bolivia, pero que los críticos consideran que viola el espíritu constitucional argentino de puertas abiertas que se consolidó durante las grandes guerras mundiales, peor en el caso de Urtubey, supuestamente situado a la izquierda del peronismo.
Macri refuerza fronteras
Por otro lado, el ejecutivo de Mauricio Macri, que ya en campaña señaló que reforzaría los controles fronterizos para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.
El martes pasado trascendió que a través de un decreto, el Ejecutivo argentina prepara un paquete de medidas para modificar las reglamentaciones migratorias.
Algunas medidas ya están en marcha y el decreto apuntará a modificar la reglamentación de la ley de Migraciones para fortalecer las herramientas y mostrar “mayor eficacia” en esa dirección, lo que generará -y genera- controversias, aunque en la Casa Rosada aseguran que será apoyado por “una porción mayoritaria de la población”.
Según señala Clarín, habrá una fuerte inversión en infraestructura en los pasos de frontera para reforzar los controles; renovación informática y mejora del sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedidos de captura de los ingresantes; cuestionarios más estrictos; implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo; aceleración de la expulsión de los inmigrantes irregulares y habilitación de lugares de retención hasta la deportación.
