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Publicado: jueves mayo 18, 2017
La Ley de Uso de Suelo de la Canaleta de la Avenida Petrolera enfrenta a los comerciantes de Bermejo, porque un grupo que tenía puestos de venta en el lugar está siendo desalojado.
Mientras otro grupo que ocupará los nuevos puestos que prevé construir el Municipio, exige se agilice el desalojo para iniciar con la actividad económica, lo que genera una disputa en la zona más comercial de Bermejo, donde cada día ciudadanos argentinos asisten a realizar sus compras.
El conflicto se ha iniciado el pasado domingo, con el desalojo del primer grupo de comerciantes que se extendió hasta la madrugada del lunes. Pese a la resistencia que opusieron ante representantes del Gobierno Municipal y la Policía, se retiró parte de sus tinglados y galerías que se han construido en los últimos años.
El trasfondo es que ahora el Municipio quiere cobrar el alquiler de espacios, que antes era cobrado por los dueños de los domicilios que están en la zona.
José Luís Gutiérrez, dirigente de los comerciantes que harán uso de los puestos nuevos que se prevén construir en el lugar, detalló que más de 250 personas de su sector ya realizaron los trámites necesarios con el Municipio para poder asumir los puestos, pagando incluso por adelantado un monto económico que les garantice hacer el usufructo.
Al no haberse realizado el desalojo en su totalidad, manifestó que queda esperar que el Gobierno Municipal y la Policía hagan cumplir la ley, ya que la presión de los beneficiarios se incrementa cada día.
Por otra parte, Abel Villca, comerciante que fue desalojado del lugar, indicó que se están vulnerando los derechos de los comerciantes a favor de otros, lo que podría derivar en mayores problemas porque en Bermejo no existen muchas formas de generar ingresos y el comercio es la única actividad que mantiene a flote a muchas familias, actividad que – remarcó- se centra en la zona que precisamente ahora está en conflicto.
En medio de una tensión entre ambos bandos, extraoficialmente se conoce que el segundo desalojo sería definitivo y podría efectivizarse hasta el fin de semana, sorpresivamente. Mientras tanto, Teresa Rojas, presidenta departamental de Derechos Humanos, indicó que ha conocido el caso por lo que planteó que se busque una solución integral e imparcial, que pasaría por una decisión no sólo del Gobierno Municipal, sino que involucre a otras instituciones como el Comité Cívico, los vecinos y los gremiales.
Asimismo, afirmó que esta semana una comisión de propietarios de los domicilios que están en la disyuntiva, solicitaron hacer un seguimiento al caso, desde el hecho de que existe un Amparo Constitucional que ganaron previamente, ya que si bien ahora el tema se ha mediatizado, data de hace muchos años atrás, lo cual según Rojas merece un análisis sobre las leyes que están de por medio.
La presidenta del barrio Petrolero, Evelin Catari, precisó que el año 1999 se ganó un Amparo Constitucional al Municipio, que fue activado por que atravesaban un problema similar, sin embargo, indicó que pese a que a lo largo de los años se ha debatido con las autoridades de turno logrando que se respete esta sentencia, ahora se ha emitido una Ley Municipal 057 sin respetar la jerarquía ni consensuar con los vecinos.
“Como vecinos y propietarios pedimos que las autoridades se enmarquen en la ley. Sin tener una resolución ni orden del juez actuaron de tal manera”, agregó.
Los vecinos del barrio Petrolero, basados en que se respete el Amparo Constitucional ganado previamente al Municipio de Bermejo, han acudido nuevamente a solicitar asesoría legal, por lo que no se descarta que se activen los recursos jurídicos que les franquea la ley para impugnar la Ordenanza Municipal que califican como impuesta e inconsulta.
Con esta norma, el Gobierno Municipal prevé recaudar entre dos a tres millones de bolivianos.