Autor/Fuente: elpais.bo
Publicado: martes agosto 26, 2025
Los municipios más golpeados son El Puente, Padcaya, Yunchará y Entre Ríos, mientras que Cercado, Yacuiba, Bermejo, Uriondo, San Lorenzo y Villa Montes registran una disminución de ingresos.
Las alcaldías rurales del departamento de Tarija atraviesan una crisis financiera sin precedentes debido a la reducción de hasta un 50% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) durante el primer semestre de este año. Esta situación ha dejado sin presupuesto a programas y proyectos vinculados con salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, desarrollo productivo y equipamiento de unidades productivas.
Los municipios más golpeados son El Puente, Padcaya, Yunchará y Entre Ríos, mientras que Cercado, Yacuiba, Bermejo, Uriondo, San Lorenzo y Villa Montes también registran una drástica disminución de ingresos.
Municipios pequeños, los más vulnerables
La Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) advirtió que más de 80 municipios de categoría A —con menos de 5.000 habitantes— en todo el país, resultaron ser los más perjudicados tras los resultados del Censo de Población y Vivienda. Sus presupuestos anuales, que antes superaban los 15 millones de bolivianos, hoy apenas alcanzan entre 2 y 4 millones.
La alcaldesa de El Puente, Sara Armella, explicó que la caída de ingresos compromete directamente la ejecución de proyectos sociales. Detalló que se han quedado sin financiamiento programas en salud, educación, infraestructura caminera, saneamiento básico, seguridad ciudadana, apoyo productivo e incluso actividades de emergencia frente a desastres naturales y enfermedades tropicales.
San Lorenzo pierde hasta Bs 60 millones
En similar línea, el alcalde de San Lorenzo, Asunción Ramos, recordó que en gestiones anteriores el municipio recibía entre 60 y 80 millones de bolivianos por concepto de regalías, mientras que en la presente gestión los ingresos no superan los 20 millones.
Mencionó que esto dificulta encarar proyectos en salud, educación y desarrollo productivo. Sin embargo, mediante coordinación con autoridades nacionales y departamentales se logró conseguir recursos adicionales para ejecutar obras en los últimos años.
Medidas de emergencia
Ante el crítico panorama, municipios como Entre Ríos, El Puente, Uriondo, Caraparí, Yunchará y Padcaya han optado por medidas de ajuste financiero: reducción de salarios, recorte de personal, disminución de gastos de funcionamiento y paralización de proyectos, según explicó el alcalde de Uriondo, Javier Lazcano.
En tanto, Yacuiba, Villa Montes, Bermejo, San Lorenzo y El Puente buscan generar ingresos propios para evitar una crisis institucional. El alcalde de Bermejo, Irineo Flores, informó que se aplicaron estrategias como la ampliación de la mancha urbana, radicatoria de vehículos, ampliación de servicios municipales y ajuste de impuestos para mejorar la recaudación y sostener la gestión pública.
Autoridades departamentales, municipales y comités cívicos de Bolivia insisten en la necesidad de un “Pacto Fiscal” que reforme el modelo de distribución vigente, con el objetivo de garantizar una asignación más equitativa de los recursos del Estado y mayor autonomía financiera para las regiones.
Las principales demandas apuntan a una redistribución justa de los ingresos, mayor participación en la gestión de los recursos naturales y el fortalecimiento de las instituciones regionales.
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, denunció además que entre 2023 y 2024 el Órgano Ejecutivo emitió más de 140 leyes, decretos y resoluciones que “invaden competencias de los gobiernos autónomos, especialmente en economía, finanzas y planificación”, las cuales deberían ser revisadas por el nuevo gobierno que asumirá funciones el próximo 8 de noviembre.
En este contexto, los gobernadores del país se declararon en emergencia por la falta de recursos y combustible. Exigen al nivel central asumir competencias en programas de salud y desarrollo social, además de la devolución del 12% del IDH destinado al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH). De lo contrario, advirtieron con exigir la suspensión de dicha retención.