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Publicado: martes julio 12, 2016
Luego de una visita al municipio de Entre Ríos y reunirse con diferentes autoridades e instituciones del lugar para hacer un seguimiento al proceso que se sigue por una denuncia de violación a varias niñas guaraníes por parte de dos ganaderos del lugar, la Red de Lucha Contra la Violencia observó que las, al parecer, las instancias policiales del lugar no colaboran con el caso.
El 23 de junio, el presidente del Consejo de capitanes Guaranís de Tarija, Abraham Espinoza, denunció ante la Defensoría del Pueblo que en las comunidades de Qumandaroti y Villa Mercedes, Municipio de Entre Ríos, que seis niñas de entre 9 a 11 años y cuatro mujeres adultas fueron violadas por dos personas del lugar y un ciudadano peruano que trabaja en una empresa petrolera.
La representante de la Red, Peki Rubín de Celis, informó que hace un par de semanas se conformó una comisión que visitó Entre Ríos y se tomó contacto con la fiscal, gente de la Defensoria de la Niñez y Adolescencia, la Policía y personal del municipio.
Por estar lejos las comunidades donde sucedieron los hechos, se pidió al Gobierno Municipal colaborar con los automóviles de la institución para quela institución del orden pueda cumplir con su trabajo: Esta solicitud fue apoyada por la Fiscalía Departamental, además que brinde todos los requerimientos y necesidades que surjan en el momento de las notificaciones, para ir a buscar a las personas denunciadas.
“En este sentido nos preocupa que no se ejecuten estas notificaciones, incluso el subcomandante Franz Alvarado brindó todo su apoyo e inmediatamente se comunicó con el responsable policial de Entre Ríos -dijo- y le advirtió sobre la necesidad de hacer las actuaciones correspondientes del caso, en coordinación con el municipio”.
Lamentó que la parte que compete a la Policía no se cumpla, y Rubín de Celis teme que el proceso se entorpezca porque intervienen varios factores como la distancia, que son varias las niñas afectadas y que los denunciados tienen relaciones con personas con poder económico.
Por su parte, el fiscal departamental, Gilbert Muñoz, explicó que se trata de tres procesos oficiales sobre abusos sexuales que se han dado en comunidades guaraníes, algunos de ellos están en investigación preliminar y otros en la fase de complementación de diligencias.
Informó que al momento existen órdenes de aprehensión del Ministerio Público para determinadas personas involucradas, cuyas identidades se mantienen en reserva con la finalidad de no entorpecer las investigaciones y que ya se ha solicitado a la Policía para que ejecute esas instrucciones de detención.