Bolivia en la lista negra de tráfico de personas tras 4 años en observación
Autor/Fuente: elchacoinforma.com
Publicado: lunes septiembre 17, 2018
El informe de Tráfico de Personas 2018 del Departamento de EEUU señala a Bolivia como un país de tránsito y destino de inmigrantes víctimas de trata sexual.
Después de permanecer durante cuatro años “en observación”, Bolivia ingresó esta gestión en la “lista negra” de tráfico de personas, según el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. El presidente Evo Morales descalificó y rechazó “enérgicamente” el documento.
De los 22 países incluidos en la “lista negra” del informe anual sobre Trata de Personas (TIP) de EEUU, el otro país latinoamericano incluido es Venezuela, que ya estaba en esta categoría.
Cuatro años “en observación”
Bolivia volvió a la nómina de naciones cuyos gobiernos no avanzan en el intento de alcanzar los mínimos estándares en la lucha contra el tráfico de personas, después de cuatro años. Desde 2014 estuvo en la lista de países “en observación”.
El informe establece una lista que clasifica el trabajo de los países respecto al tráfico de personas. El Nivel 1 corresponde a las naciones que cumplen con las normas mínimas de Estados Unidos; el Nivel 2, aquellas que están haciendo esfuerzos significativos para lograrlo; Nivel 3, Lista de Observación, para aquellos que merecen un escrutinio especial; y Nivel 4, para los países que no cumplen plenamente con las normas mínimas de Estados Unidos y no hacen esfuerzos significativos para lograrlo.
Hasta el año pasado Bolivia se encontraba en el Nivel 3 – Lista de Observación, es decir era parte de los países que, según EEUU, presentaban aumento en el número de víctimas de trata de personas y que no ha logrado presentar evidencia de esfuerzos para combatir la trata de personas, entre otros.
En su acápite de “enjuiciamiento” el TIP 2017 establecía: “el Gobierno (boliviano) no informó los esfuerzos de enjuiciamiento y existe falta de datos completos sobre investigaciones, procesamientos y las condenas, lo que hizo que los esfuerzos generales de aplicación de la ley (263) contra la trata de personas sea difícil de evaluar”.
Este año, Bolivia pasó a Nivel 4 y con ello forma parte de los 22 países de la lista “negra”. Fuera de los dos latinoamericanos, los otros son: Bielorrusia, Belize, Birmania, Burundi, China, Comoras, República Democrática del Congo, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Laos, Mauritania, Papúa Nueva Guinea, Rusia, Sudán del Sur, Siria y Turkmenistán.
País “de tránsito”
El reporte 2018 asegura que el gobierno de Evo Morales “no reúne los mínimos estándares para la eliminación del tráfico y no demostró que esté haciendo esfuerzos progresivos” en comparación con el año previo.
“Las autoridades bolivianas -agrega el documento- no reportaron que estén investigando, persiguiendo penalmente o condenando crímenes de tráfico de personas, ni que estén identificando víctimas y enviándolas a servicios de ayuda”.
El documento agrega que los funcionarios bolivianos que trabajan en este tema carecen de los recursos o de la formación “para investigar, perseguir y condenar este tipo de crímenes”.
El informe estadounidense señala a Bolivia como país de tránsito y destino de inmigrantes de África, Chile y el Caribe: “algunos de los cuales se convierten en víctimas de trabajo forzado y tráfico sexual”.
Los bolivianos de zonas rurales y pobres, especialmente indígenas, así como jóvenes LGBTI, “son particularmente vulnerables al tráfico sexual y laboral”, según el informe.
“Mujeres y niñas bolivianas se hallan envueltas en tráfico sexual dentro de Bolivia y en países vecinos como Argentina, Brasil, Panamá, Perú y Chile. Dentro del país, hombres, mujeres y niños bolivianos son forzados a desempeñar trabajos domésticos, mineros, ganaderos y agrícolas”, indica el documento.
Bolivia rechaza el informe
El presidente Evo Morales descalificó y rechazó “enérgicamente” el informe de Tráfico de Personas de Estados Unidos y el sitial que en él ocupa Bolivia.
“EEUU no tiene la autoridad moral ni legal para certificar o descertificar a ningún Estado soberano. Bolivia rechaza enérgicamente el intento de ese país de pretender mellar nuestro compromiso en contra de la trata y tráfico de personas”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Policías de la División de Trata no quisieron referirse al tema.
La calificación
NIVEL 1: Países cuyos gobiernos cumplen en su totalidad los estándares del acta sobre tráfico de personas.
NIVEL 2: Países que no cumplen en su totalidad los estándares pero realizan esfuerzos para cumplirlos.
NIVEL 3: Países en observación que no cumplen en su totalidad los estándares
NIVEL 4: Países cuyos gobiernos no cumplen los estándares mínimos del acta de tráfico de personas.
Cada día se reportan tres personas desaparecidas
De acuerdo a los últimos datos oficiales en Bolivia, entre 2012 y 2016 hubo 2.591 denuncias por los delitos de trata y tráfico. De ellas, el Órgano Judicial emitió 44 sentencias con privación de libertad contra los acusados.
El delito de trata de personas sucede cuando mediante engaños los delincuentes captan a hombres, mujeres o niños y después les obligan a realizar trabajos forzados o son víctimas de explotación sexual. Las cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU) evidencian que el 30% de las víctimas son niños y un 70% mujeres y niñas en el mundo.
De acuerdo a estadísticas policiales, en el departamento de La Paz cada día se reportan tres personas desaparecidas y una no es hallada. La poca información sobre los desaparecidos, el requisito de un requerimiento fiscal para obtener extractos de llamadas y la falta de recursos logísticos son los principales escollos en la búsqueda. A esto se suma un vacío legal para tratar estos casos.
Para la legislación boliviana la desaparición como tal no es un delito, la tipificación penal se encuentra en la desaparición forzada. En tanto ello no se demuestre, es sólo un reporte de ausencia.
El 31 de julio de 2012 se promulgó la Ley 263 contra la Trata y Tráfico de Personas. El objeto de la norma es combatir la trata y tráfico de personas, y delitos conexos, garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos. Se creó un Consejo Nacional de la Lucha Contra la Trata y Tráfico que tiene oficinas en todos los departamentos.
